La cartera de Urbanismo detalló que las 90 viviendas construidas en las comunidades indígenas “12 de Junio” e “Indígena Martillo”, habitadas por familias de la etnia Angaite, en el distrito de Tte. Irala Fernández del departamento de Presidente Hayes, forman parte del lote de 325 casas que están siendo construidas mediante el primer llamado del proyecto.

Como parte de este primer grupo, otras construcciones también reportan un importante avance, según reportó el MUVH. Ese es el caso de las 28 viviendas en la comunidad indígena “12 de Junio” y las 46 viviendas para las familias Ava Guaraní de la comunidad “Yryapu”, ambos del distro de Yby Pyta, en el departamento de Canindeyú, que presentan un nivel de avance del 88% actualmente.

Asimismo, están las construcciones de 86 viviendas para las familias Ava Guaraní de las comunidades Tekoha Poty Pyahu, Mytuy Araguayú, Karuperamí, Takua Poty, también en Canindeyú, con un 60% de avance actualmente, y otras 75 viviendas para las familias de las parcialidad Angaite, en la comunidades Karandila y Paratodo’i,(parcialidad Enxet-Sur) en el departamento de Presidente Hayes, con un 20% de avance.

Paralelamente a la ejecución de obras de este primer llamado, el equipo de la Coordinación Social del Programa Che Tapýi realizó verificaciones sociales a comunidades indígenas de los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón, correspondientes al segundo llamado en el que se prevé la construcción de otras 545 viviendas, que beneficiará a unas 3.800 personas más.

El proyecto contempla la construcción de viviendas sociales e infraestructura básica, dirigido a familias que viven en situación de pobreza y pobreza extrema.

El viernes último, en horas de la tarde, se reportó la explosión de un transformador perteneciente a la empresa Penguin, ubicada en la Compañía Orlando Cué, a 1.000 metros de la ruta Py 02, en la ciudad de Hernandarias. En consecuencia, cuatro trabajadores resultaron heridos.

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Los mismos fueron identificados como Cristhian Javier Zayas, de 23 años; Rolando Daniel Portillo Fernández, de 21, ambos funcionarios del lugar. Por otro lado, Hugo Ricardo Villasboa Rojas, de 37 años y Mariano Estigarribia de 53, que desempeñan como guardias de seguridad.

El caso fue reportado a la Policía Nacional, por lo que agentes policiales fueron hasta el sitio para recabar información de lo sucedido. Allí fueron recibidos por Walter Kaatz Váldez, director de operaciones de la firma, quien relató que a las 15:30 horas, de ese viernes, explotó uno de los transformadores de energía eléctrica, de cuya consecuencia sufrieron lesiones las víctimas mencionadas, siendo auxiliadas de forma inmediata hasta el hospital más cercano.

Por su parte, los bomberos voluntarios también fueron hasta el lugar y lograron sofocar las llamas del transformador. El caso fue comunicado al Ministerio Público para su intervención.

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Las bajas temperaturas y las lluvias de las últimas semanas hacen que la situación sea más difícil para quienes están expuestos a la intemperie o a lugares abiertos.

Este es el caso de los parientes de quienes están internados en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), para quienes, desde la pandemia, existe un albergue instalado frente al área de Urgencias.

Anteriormente tenían que ubicar sus carpas a la intemperie o incluso en la calle, pero muy distante del hospital en sí, por lo que, el tinglado representó un alivio importante.

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Sin embargo, las cortinas que cubren y, en parte, cierran el albergue, además de evitar el ingreso de la lluvia y el viento, actualmente se encuentran rotas en un 100 %, lo que provoca que las personas pasen frío.

Mientras tanto, los ocupantes de turno se prestan estufas, hervidoras eléctricas y otros elementos para enfrentar las altas temperaturas.

No obstante, solicitan a las autoridades del Instituto la reposición de las cortinas pvc plásticas para exteriores, que servirán en gran medida para contrarrestar las condiciones adversas.

El asesor jurídico de la estatal, Diego Fernández, mencionó a radio Ñanduti que los implicados solo abonaban G. 120.000, debido a que sustraían de manera ilegal la energía utilizada para la minería.

“Es una inversión bastante fuerte, encontramos unas 390 máquinas y un transformador de potencia que abastecería a unas 4.100 familias, contó Fernández. “Estaban robando la energía en un 100%. El medidor no era el apto para registrar el consumo del lugar. Pagaban solo 120.000 guaraníes mensuales, tenían que pagar 800 millones de guaraníes”, agregó.

El entrevistado refirió que la investigación se encuentra a manos del Ministerio Público, señalando que el perjuicio mensual para la ANDE es muy elevado. “El propietario deslindó responsabilidades, ya que presentó un contrato de alquiler”, aclaró además el asesor jurídico.

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La propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.

LUCHA DE LA ANDE

Por otro lado, Fernández resaltó que desde la estatal iniciaron una lucha frontal contra este tipo de actividades, debido al gran perjuicio económico que puede causar y los inconvenientes que generan para los usuarios.

“Tenemos más de 150 denuncias en todo el país. Es una actividad que desangra a la ANDE y afecta y reciente al servicio de energía eléctrica. Las máquinas se quedan en el depósito de la Fiscalía a disposición del Ministerio Público. Presentamos un proyecto de Ley para criminalizar la sustracción y aumentando la pena a 10 años″, puntualizó.